12 países latinoamericanos firman acuerdo para proteger a defensores del medio ambiente

Doce países de América Latina y el Caribe firmaron y ratificaron en la sede de Naciones Unidas el Acuerdo de Escazú, el primer tratado vinculante en política ambiental de la región, que contiene disposiciones para proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, señaló en una rueda de prensa que a partir del pasado 27 de septiembre, se abre un proceso de dos años para que el resto de los 33 países de la región se adhieran.

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El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el 4 de marzo pasado en Escazú (Costa Rica) y para entrar en vigor necesitaba la ratificación de once Estados.

Acuerdo de Escazú

Con cada nueva ratificación, o firma, en el caso de los países caribeños, el acuerdo se convierte en ley nacional, lo que supondrá desafíos en cuanto al acceso a la información para algunas instituciones, ya que se podría impugnar y recurrir la no entrega de datos.

Además, Bárcena destacó del tratado que protege la actividad de los ambientalistas y prevé acciones para “prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas e intimidaciones a estos defensores de los derechos humanos”.

La vicepresidenta y ministra de Exteriores costarricense, Epsy Campbell, presente en el evento, expresó que el de Escazú era un acuerdo “necesario” porque las partes “se han apresurado a firmarlo” y emplazó a hacerlo en el menor plazo posible a los demás Estados.

La secretaria ejecutiva de la Cepal, comisión que ejercerá como secretaria del proceso, indicó que los Gobiernos podrán llamar a entregar información al sector privado pero la idea es que los poderes legislativo y judicial avancen en garantizar el acceso a los datos para la sociedad civil.

Señaló que las poblaciones afectadas por obras e inversiones, a menudo indígenas, se han quedado muchas veces “solas” en la negociación frente a empresas y que no deben “ser las únicas responsables de lidiar” con problemas que principalmente corresponden al sector privado y al Estado.

En ese sentido, el acuerdo permitirá establecer “consultas previas informadas”, como promueve la ONU, porque “nadie está en contra del desarrollo sostenible” pero hay que “proteger la integridad de los ecosistemas y la salud y el bienestar de las personas”, incluidos los que ejercen la abogacía, dijo.

EFEVerde

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